31 de marzo de 2017

 

Detenernos en los hechos resulta innecesario, las consecuencias están a la vista. Un grupo de Senadores se atribuyó la facultad de dictar normas y modificar la Constitución al margen de las reglas legales y Constitucionales; se generó una reacción ciudadana que fue violentamente reprimida por la Policía Nacional, mediante el uso de carros hidrantes, gas lacrimógeno, y armas de fuego con balines de goma; una turba de manifestantes irrumpieron el edificio del Congreso y protagonizaron todo tipo de desmanes, destrozos e incendio, ante la impasible mirada de la Policía Nacional, que más tarde atropelló a sangre y fuego el local del Partido Liberal Radical Auténtico, dando muerte a Rodrigo Quintana y apresando ilegalmente a varios.-

 

Esos son – cronológicamente – los hechos ocurridos, hace un mes y los detalles, las anécdotas, los pormenores, resultan relevantes, nada más que para completar el escenario de un capítulo de nuestra historia reciente, que solo será un nuevo recuerdo de dolor y gloria en el camino de preservación del sistema democrático y consolidación del régimen republicano.-

 

Como en tantos otros hechos que jalonan la lucha constante y cotidiana por consolidar el modo de vida que hemos abrazado como sociedad, como nación, como país, desde el 3 de febrero de 1989, cuando fue desalojado el régimen encabezado por Alfredo Stroessner, los acontecimientos ocurridos a fines del mes pasado, tiene antecedentes, protagonistas y responsables, identificados o identificables.-

 

No fueron, ni son hechos que ocurrieron por generación espontánea, sino el resultado de actos, circunstancias y antecedentes que los desencadenaron, y que han quedado registrados en la historia, aunque la Justicia se ha negado sistemáticamente a juzgarlos, dejándolos en el olvido, cubiertos de impunidad y vergüenza.-

 

Una rápida revisión, trae a la memoria hechos tales como la intentona golpista de abril de 1996, la masacre de marzo de 1999 y el levantamiento militar de mayo de 2000, entre otros, testigos elocuentes de la impunidad.-

 

En todos ellos, tal como hoy, se iniciaron pomposamente los trámites judiciales que prometían investigación, juzgamiento y sanción, pronto se tradujeron en frustración, evidenciando la debilidad Institucional de un sistema judicial temeroso, sumiso ante el poder político, carente de coraje cívico, de estatura intelectual, ética, ni moral.-

 

Marzo de 2017, no es distinto de aquellos. Sus antecedentes se remontan al inicio de las maniobras políticas ensayadas por quienes pretendían modificar la Constitución Nacional para permitir la reelección del actual presidente, o el regreso del anterior.-

 

Entre los eventos resaltantes se puede citar: la campaña de recolección de firmas a modo de “iniciativa popular”, bajo el lema #QueLaGenteDecida, que fue posteriormente abandonada por sus propulsores, ante las evidencias de que se había recurrido a una masiva falsificación de suscripciones. Pero, ni el Ministerio Público, ni el Poder Judicial, dieron muestras de interés en perseguir a los responsables de los hechos punibles cometidos.-

 

En medio de todo esto, los mismos legisladores denunciaban públicamente, en el recinto parlamentario y por los medios masivos de comunicación, la existencia de negociaciones, compra de conciencias y votos. Pero la Administración de Justicia hizo – nuevamente – oídos sordos, y ni siquiera amagó iniciar una investigación, consagrándose nuevamente la impunidad.-

 

No podemos olvidar, en esta lista aquella irregular reunión de Senadores, que al margen de todas las normas, proclamó la modificación del Reglamento Interno de la Cámara, como antesala de la siguiente etapa: la modificación de la Constitución Nacional.-

 

El irregular procedimiento motivó la promoción de acciones judiciales ante la máxima Instancia Judicial, que – de cumplir con sus obligaciones – podría haber impedido lo que posteriormente ocurrió.-

 

Una sencilla y rápida medida cautelar disponiendo la suspensión de los efectos de la apócrifa modificación del Reglamento, nos hubiera ahorrado sangre y luto, pero la Administración de Justicia no lo entendió así. Como tantas otras veces procuró evitar el enfrentamiento con el poder político; seguir disfrutando beneficios y comodidad, sin comprometerse en “problemas de terceros”.-

 

Desde luego, ese Poder Judicial no era más que el mismo Poder Judicial que tiñó de impunidad nuestra historia reciente. Es el mismo que no nos permite albergar la ilusión de que los hechos del 31 de marzo de 2017 sean investigados, juzgados y castigados.-

 

Jorge Ruben Vasconsellos