Debilidad, degradación y devaluación del sistema jurídico

Desde que se anunciara el propósito de someter a Juicio Político a cuatro Ministros de la Corte Suprema y uno del Tribunal Superior de Justicia Electoral, ha quedado en claro, que el objetivo final no era precisamente lograr una mejora sustancial de la administración de justica.-

A través de esta misma columna, hace aproximadamente quince días, hemos reclamado la necesidad de que se hagan públicos los fundamentos de las acusaciones que pudieran formularse respecto a cada uno de ellos, y del mismo modo, se señalen cuáles son las razones para que los demás permanezcan en sus cargos.-

Desde ese entonces, los involucrados en el asunto han aportado razones o fundamentos en uno u otro sentido, evidenciando ningún apego al sistema republicano, que exige a las autoridades dar cuenta permanentemente de sus conductas, propósitos y proyectos.-

Hasta hoy, las verdaderas razones que alientan el propósito de someter a Juicio Político a ciertos integrantes de la Corte, y del Tribunal Superior de Justicia Electoral, se encuentran en el plano de las meras especulaciones, como resultado del silencio, tanto de sus “acusadores”, como sus “defensores”.-

Pero, la ausencia de explicaciones, de exposición de fundamentos y razones, no debe confundirse con la inexistencia de ellas. Razones para someter a Juicio Político a cuatro integrantes de la Corte Suprema de Justicia, existen, son sólidas y justificarían una sentencia de destitución.-

Para ser más claros, existen motivos, no solo para destituir a los cuatro seleccionados, sino a todos, pero estas razones de carácter jurídico, de orden legal y constitucional, pareciera no importar a nadie. Las grandes razones, los fundamentos técnicos y doctrinarios, nuevamente han sido dejados de lado.-

Tanto los que propugnan el Juicio Político, como los que ejercen solapada o abiertamente defensa, no han podido superar la pequeñez de sus propios intereses, proponiendo el gran debate que representa definir el perfil de la Corte Suprema que el país requiere, y sus “argumentos” se parecen más a simples excusas que a sólidas razones.-

Una Corte Suprema conservadora, liberal, progresista, garantista o inquisidora. Una Corte Suprema independiente o sometida al poder político, Una Corte Suprema que represente los intereses partidarios hegemónicos, o una integrada por los mejores exponentes de la cultura jurídica nacional, con abstracción de sus inclinaciones o tendencias partidarias, son los aspectos que deben ser abordados, analizados y definidos.-

Estas son las preguntas que debieran ser respondidas. Ese debe ser el núcleo principal del debate, pero en la pequeñez de espíritu y la estrechez de propósito, los actores políticos involucrados no abordan estos temas, porque no tienen la visión necesaria para entender que el futuro de la sociedad paraguaya depende de ello, porque, sencillamente no les interesa, o porque subordinan los intereses de la República a sus propios intereses personales, particulares o partidarios.-

Tristeza y vergüenza produce ver como se elude sistemáticamente el objeto principal del debate, y el nivel de la discusión que se diluye en detalles anecdóticos de lo absurdo, colocándonos en el papel de espectadores de la degradación de nuestras Instituciones e instrumentos constitucionales, diseñados para la preservación de la salud moral y jurídica de la nación.-

La Cámara de Diputados, a instancias de uno de sus representantes ante el Consejo de la Magistratura, ha iniciado una “contraofensiva” destinada a “aquietar las aguas” con el propósito de ganar tiempo indispensable para permitir reacomodos de fuerzas o negociaciones que permitan mantener o afianzar influencias o injerencias en el sistema judicial.-

La convocatoria a los Ministros “sospechados” a presentar “descargos” ante la Cámara de Diputados, es un despropósito que solo puede compararse con la viciosa práctica de nuestros Agentes Fiscales, que – violando la Constitución Nacional – convocan a los ciudadanos denunciados a prestar declaración indagatoria, antes de presentar imputación. Una especie de defensa antes de la acusación o de constatación de la demanda antes de la presentación de la demanda.-

¿Sobre qué temas o asuntos debieran los Ministros de Corte presentar sus descargos, cuando aún no se han formulado los cargos? ¿Tiene la Cámara de Diputados atribuciones para recibir descargos de quienes pudieran ser sometidos a Juicio Político?

Resulta claro que nadie puede defenderse de lo que no se le acusa, como también es indiscutible que quien solo tiene el rol de acusador, no tiene facultades de juzgador. La Cámara de Diputados solo puede acusar o no hacerlo, y la defensa o descargo solo puede producirse y recibirse ante la Cámara de Senadores.-

Un procedimiento distinto, como el que se ha seguido, solo demuestra la debilidad de nuestras Instituciones Republicanas, la degradación de sus responsables y la devaluación de nuestro sistema jurídico.-

jorge ruben vasconsellos