Civilizado,
Democrático y Republicano
Hace más de un año que el Gobierno decretara “aislamiento
preventivo y otras medidas sanitarias” (eufemismo utilizado para ocultar) medidas
que restringen libertades sociales e individuales, cuya pertinencia y necesidad
no pueden ponerse en tela de juicio, aunque carecen absolutamente de legalidad,
siendo violatorias de la Constitución Nacional.
Sin embargo, valiéndose de la fuerza pública, el
Ejecutivo procura imponer el sometimiento de la población a sus
inconstitucionales medidas, con la colaboración incondicional del sistema
judicial, ante la incompetencia e indolencia del Poder Legislativo.
Desde entonces, y hasta ahora, la Policía Nacional
detiene a los ciudadanos e incauta sus vehículos, por “violación del Decreto
Presidencial”, en estrecha colaboración con el Ministerio Público. Aunque el
desgaste político y el desprestigio del Ejecutivo, han determinado la
permisividad selectiva, y la aparición de la “Cuarentena inteligente”, o la
“Operación serrucho”, mientras los contagios y decesos aumentan
exponencialmente, en medio de graves precariedades en materia hospitalaria, en
la provisión de medicamentos e insumos médicos, y sobre todo, de un estruendoso
fracaso en la obtención de vacunas para la población.
Frente a este panorama desolador, y cuando más necesarias
son las medidas sanitarias de prevención, el Poder Legislativo sigue actuando
de espectador y cómplice de las violaciones constitucionales, sin proveer al
Estado de las herramientas jurídicas necesarias para legalizar la represión a
la violación de aquellas, ocupando tiempo y esfuerzo a proyectos e iniciativas
que proyecten sus propias figuras e intereses políticos, con miras a las
próximas elecciones.
Mientras tanto, el latinazgo que sentencia: “nullum
crimen nulla poena sine lege” (Ulpiano), recogido por el Digesto
de Justiniano (533 d.c.), que fuera incorporada por la legislación universal, y
se encuentra consagrada por en el Art. 17.3. de la Constitución del Paraguay
(“En el proceso penal…toda persona tiene derecho a: … que no se le condene sin
juicio previo fundado en la ley anterior al hecho del proceso…”), se ha
convertido en letra muerta.
El denominado principio de legalidad penal por el cual “…Nadie
será sancionado con una pena o medida sin que los presupuestos de la
punibilidad de la conducta y la sanción aplicable se hallen expresa y
estrictamente descritos en una ley vigente con anterioridad a la acción u
omisión que motive la sanción…”, que proclama el Art. 1 del Código Penal
paraguayo, ha sido invisibilizado.
Fiscales y Jueces se han aplicado a la “creación” de
nuevas figuras penales, a partir de interpretaciones sesgadas, extensivas y
(sobre todo) acomodadas, a las necesidades de contar con inexistentes
herramientas que les permitan sostener el “imperium” del que carecen los
Decretos Presidenciales, e insatisfechos con la eficaz colaboración que prestan
a la profanación de normas constitucionales en la materialización de procesos
penales en contra del incumplimiento de aquellos actos o resoluciones
administrativas, se aprontan a inventar justificaciones para castigar a
aquellos que de modo irregular han accedido o accederán a ser inmunizados con
las vacunas, antes de lo establecido en las disposiciones dictadas por la
autoridad sanitaria competente.
Los “avivados”, como se autodenominó el Decano de una
Facultad de Derecho con sede en Alto Paraná, las amiguitas y los parientes de
los políticos, de las autoridades o del enfermero, son los protagonistas de
este nuevo escenario en el cual se enfrentan derechos fundamentales de la
sociedad, cuya valoración se mide en términos de vulnerabilidad ante la
infección pandémica, como consecuencia de la escases (o ausencia) de
inmunizantes, debido a varios factores, desde el desmedido afán de lucro de los
productores, hasta la notable ineficiencia del Gobierno.
Resulta incuestionable e indiscutible la
“reprochabilidad” de la conducta de tanto de tales avivados, como de los encargados
de administrar (en todo el sentido de la palabra). Desde el punto de vista
moral y ético, ambos son igualmente deleznables, pero lo ético y lo moral se
han separado de lo jurídico desde hace miles de años. El castigo al inmoral y a
quien viola las normas éticas de convencía, corresponden a la sociedad. Es ésta
la única habilitada a aplica sanciones morales, éticas o sociales, pero nunca
jurídicas, pues estas se encuentran reservas a los Jueces o Magistrados, en
virtud y por disposición de la ley.
El latinazgo citado (nullum crimen nulla poena sine
lege), se complementa con otras exigencias. La lex debe ser previa,
cierta, escrita y estricta, de lo contrario la manda constitucional prevista en
el Art. 17.3, antes referido, y desarrollado en la disposición que preside el
Código Penal, impiden toda persecución judicial, y consecuentemente la
imposición de castigos.
Es imperioso que los integrantes del Poder Legislativos
se despierten de su modorra, abandonen sus campañas proselitistas, sus
rencillas partidarias, sus peleas intestinas, y asuman el compromiso de
representar adecuadamente los intereses y derechos de la sociedad, mediante la
aprobación de proyectos de leyes transitorias que legitimen las medidas
sanitarias ilegalmente dictadas por el Ejecutivo, que castiguen la violación de
las mismas, y califiquen como delito la administración de vacunas, al margen de
los planes y programas dictados por la autoridad sanitaria.-
El que aplica el inmunizante de modo irregular, saltando,
violando o apartándose de las reglas establecidas, debe ser reputado
delincuente. El que lo ordena, el que lo permite, el que lo aprovecha, también.
Pero, ello debe estar consagrado en la ley. En una ley
penal previa, cierta, escrita y estricta, si pretendemos que Gobernantes y
Gobernados se sometan – por igual - a la
ley, si pretendeos que los Fiscales imputen a quienes nos roban el derecho a la
salud y la vida, si pretendemos que los Jueces juzguen y condenen a autoridades
y “avivados”, si pretendemos que todo ello se desarrolle en el marco de la
Constitución Nacional. Es decir, si queremos devolver a nuestro país al mundo
civilizado, democrático y republicano, que diseñaron nuestros constituyentes.-
Jorge Ruben Vasconsellos