Nepotismo: una práctica impune

Un nuevo escándalo, un nuevo protagonista o un nuevo capítulo de una vieja historia, es el modo en que puede ser caracterizada la denuncia que involucra al Ministro de la Corte Suprema de Justicia José Raúl Torres Kirmser, cuyos hijos – aparentemente – figuraran como funcionarios del Poder Judicial, gozando de privilegios extraordinarios.-

Lo cierto y concreto es que la investigación realizada, desde un medio de prensa arrojó como resultado (hasta ahora) la renuncia de una de las hijas del Ministro Torres, y el pedido de permiso, sin goce de sueldo de la otra. Pero, la investigación que debe seguirse desde la Fiscalía, aparece como una tímida reacción del Ministerio Público, que se toma su tiempo para “colectar” la información que le permita iniciar las acciones judiciales que corresponden.-

Sin embargo, la conducta atribuida al Ministro Torres, no constituyen un hecho aislado en la Administración de Justicia, y menos en el resto de la Administración Pública.-

Los altos funcionarios del Estado han llenado las dependencias públicas de hijos, sobrinos, esposas, ex esposas, suegros y demás parientes, completando la nómina con amantes, amigos y correligionarios, como consecuencia de un complejo intercambio de favores, que permite a aquellos ubicar a éstos en las dependencias públicas, aunque no se encuentren directamente a su cargo, disimulando (o por lo menos procurando disimular) el grosero tráfico de influencias que carcome cotidianamente los recursos económicos del Estado, y los cimientos fundamentales del sistema republicano.-

Hijos, esposas y demás parientes, encuentran empleo, no solo en la Corte Suprema, Parlamento, Ministerio o dependencia pública a cargo del mecenas, sino tiene a su disposición la posibilidad de lograr su nombramiento en otras oficinas, a cambio de hacer lo mismo con los recomendados de aquel, designando a los familiares del responsable de otras Instituciones, con el fin de procurar disipar la concentración de apellidos en la oficina a su cargo y tejer una red de impunidad y protección recíproca.-

De esta forma se ha ido construyendo un Estado que crece, engorda, se llena de oficinas y funcionarios, mientras devora los esfuerzos y recursos económicos de los ciudadanos, solo para alimentar una burocracia ineficiente y corrupta, que distribuye privilegios a los parientes, amigos leales y correligionarios, con absoluta impudicia e impunidad.-

Una burocracia que se legitima con cada escándalo, enviando a la hoguera a aquel funcionario que cuya conducta ilícita e inmoral se puso en evidencia gracias a la denuncia ciudadana o a investigaciones periodísticas.-

Una burocracia que protege, apaña y encubre a muchos otros, asegurando la vigencia de un Estado diseñado como una reunión de clanes familiares, que medran a la sombra del poder, repartiéndose recursos y privilegios.-

La maquinaria Estatal funciona adecuada y eficientemente para obtener recursos, y pretende ejercer – cada vez más – una creciente presión tributaria para disponer medios los económicos suficientes que le permita el aumento de su plantilla de funcionarios privilegiados, desentendiéndose de su rol fundamental que es administrar adecuadamente los recursos que son el fruto del trabajo y el esfuerzo de la sociedad.-

Pero, lo peor de todo, es que el Ministerio Público, aquel que ejerce la acción penal en nombre de la sociedad, y que según la Constitución Nacional debe representar nuestros intereses ante el sistema judicial, comparte los mismos vicios. Por ello evita iniciar una investigación profunda, seria y minuciosa destinada a erradicar este tipo de prácticas, castigando a sus responsables.-

Es que el Estado, se ha convertido en el mejor empleador, el que mejor paga, el que mayores beneficios y privilegios otorga, el que menos exige a cambio. Para que la ecuación resulte perfecta, el funcionario público, a pesar de su condición de tal, es tratado por la administración de justicia como un ciudadano común cuando debe enfrentar un proceso penal. Basta con que asuma el compromiso de devolver las sumas de dinero indebidamente cobradas, para beneficiarse con figuras procesales que le permita eludir el castigo, logrando su sobreseimiento, como si nada hubiera ocurrido, dejando la sensación de que la inconducta de los servidores públicos no necesita ajustarse a las reglas de la moral y la ética, sino que resulta suficiente “reparar el daño” producido, para seguir gozando de “buen nombre y reputación”. En otros términos el espectáculo pude continuar para todos, mientras no sean descubiertos.-

El caso específico del Ministro Torres, es nada más que la punta de un Iceberg, que en el pasado ya ha dado muestras del volumen de su envergadura, si recordamos los casos de la hija de la exdiputada Perla Acosta de Vázquez, del Ministro del Tribunal Superior de Justicia Electoral Alberto Ramírez Zambonini, y varios otros, que se han agotado en la identificación de beneficiados y benefactores, pero han evitado seguir la investigación y el enjuiciamiento de los verdaderos responsables. De aquellos que han estampado su firma en los nombramientos.-

Se persigue a los protagonistas, y nada más. Mientras tanto la práctica, el modelo de conducta, el delito y la inmoralidad que representa el nepotismo sigue y seguirá siendo impune.-

Jorge Rubén Vasconsellos